Policía tiene que entregar informes sobre uso de fuerza
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- por mayaguezsabeamango.com
El Negociado de la Policía de Puerto Rico tiene hasta este lunes para entregar a la organización Kilómetro Cero (Km0) los informes de la Policía que registran el uso de fuerza de sus agentes contra la ciudadanía luego que el juez Anthony Cuevas determinara que los mismos no son documentos confidenciales.
“Los ciudadanos tienen el derecho de examinar el contenido de los expedientes, informes y documentos públicos e investigar cómo se conducen sus asuntos, sujetos sólo a aquellas limitaciones que impone la más urgente necesidad pública. Y esas excepciones de mantener la información pública sólo se justifican cuando así lo determine el interés público”, escribió el magistrado.
Cuevas sostuvo que es “insostenible” el argumento del Departamento de Seguridad Pública de que los policías podrían mentir en estos informes si se hicieran públicos. “El Estado no puede negarse caprichosamente y de forma arbitraria a permitir el acceso (a la información)”.
El juez de la sala de Recursos Extraordinarios del Tribunal Superior de San Juan emitió su decisión el lunes 3 de junio de 2019. La sentencia declara con lugar la petición de Mandamus de Km0, una organización sin fines de lucro que promueve el ejercicio policíaco democrático de parte del Estado y desarrolla proyectos que impulsan el poder ciudadano en las áreas de seguridad comunitaria, justicia y participación.
“La sentencia del juez Anthony Cuevas vindica el derecho fundamental al acceso a la información que tenemos todos en nuestro país pero que, a pesar de los avances tecnológicos, es muy difícil de ejercer en Puerto Rico”, sostuvo la directora ejecutiva de Km0, Mari Mari Narváez.
Los abogados Luis José Torres Asencio y Steven Lausell de la Clínica de Acceso a la información de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico sometieron el recurso a nombre de la organización, el 18 de marzo 2019.
La resolución judicial, según Mari Narváez, “reitera ese derecho fundamental que tenemos todos y termina convirtiéndose en una victoria épica por la tremenda secretividad y opacidad con que funciona la Policía y el gobierno de Puerto Rico en general”.
Urgente legislar un mecanismo de acceso a la información
Mari Narváez recordó que su organización lleva cinco años “intensos” de requerimientos de información, análisis, búsquedas y cuestionamientos. Significó que es necesario establecer un mecanismo de acceso a la información para que cualquier grupo, persona o periodista en Puerto Rico pueda ejercer su derecho sin tener que ir a los tribunales, “que es un ejercicio oneroso al cual no todos tienen acceso”.
“Quisiéramos que la Legislatura y los funcionarios electos demuestren por fin voluntad política para crear una verdadera ley de acceso a la información, digna del siglo XXI en un país con aspiraciones democráticas”, reiteró la escritora y periodista.
El pleito
La acción legal contra el Departamento de Seguridad Pública, el Negociado de la Policía de Puerto Rico y el Registro Demográfico de Puerto Rico tenía el propósito de vindicar el derecho fundamental de la organización sin fines de lucro al acceso a la información, después de que las agencias ignoraran y negaran una serie de solicitudes de información que Kilómetro Cero realizó.
“Los documentos, materiales e información solicitadas son originados, conservados y/o recibidos por dependencias del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Por lo tanto, son documentos y materiales públicos, a los cuales cualquier ciudadano puede tener acceso u obtener una copia si así lo solicita”, argumentaron los licenciados Torres Asencio y Lausell.
Toda la información solicitada es información pública y de alto interés público para el Pueblo de Puerto Rico. “Las actuaciones y omisiones de las partes promovidas, al negarse a proveer o poner a disposición de Km0 la información pública solicitada, laceran el derecho de esta última al acceso a la información”.
Derecho humano el acceso a la información
La información provista por la parte demandante recuerda que “el acceso a la información ha sido reconocido en Puerto Rico como un derecho humano y constitucional de rango fundamental en los casos: Bhatia Gautier v. Rosselló Nevares, 2017 TSPR 173; Trans Ad PR v. Junta Subastas, 174 DPR 56, 67 (2008); Colón Cabrera v. Caribbean Petroleum, 170 DPR 582, 590 (2007); Ortiz v. Dir. Adm. Tribunales, 152 DPR 161, 175 (2000); Soto v. Srio. Justicia, 112 DPR 477 (1982).
Este derecho emana de los derechos de libertad de expresión, prensa y asociación expresamente dispuestos en la Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Derecho a la información facilita el ejercicio de otros derechos
El derecho de acceso a la información pública es también reconocido en varios tratados internacionales como un derecho humano fundamental, que “posee un carácter facilitador del ejercicio de otros derechos humanos, es decir, el acceso a la información es, en muchos casos, imprescindible para que las personas puedan hacer efectivos otros derechos”, así lo recoge la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Acceso a la información, violencia contra las mujeres y la administración de la justicia en las Américas (27 de marzo de 2015), en https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/acceso-informacion.pdf”.
“La lucha por otra Policía para Puerto Rico es también una lucha contra los excesos que comete el Estado contra la ciudadanía. En esencia, es también una reivindicación de nuestra sociedad hacia una realmente democrática”, concluyó Mari Narváez.